Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de contención fiscal

Abstract

Aunque la legislación local obliga a las entidades locales a adecuar sus plantillas a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, la actual crisis económica que estamos padeciendo está reclamando un rescate de estos principios que, en no pocas ocasiones, parecían haber sido olvidados. Consecuencia de ello es el duro reajuste que debe producirse en muchas de ellas, especialmente en aquellas que cuentan con plantillas sobredimensionadas o que han visto disminuir alarmantemente sus ingresos económicos. Ante esta situación, el trabajo contiene un análisis de las distintas medidas que permiten una contención y racionalización de los gastos de personal, pues existe toda una pléyade de medidas orientadas a flexibilizar su gestión y a obtener un aprovechamiento óptimo y más racional de la carga de trabajo existente. Sin embargo, las posibilidades de actuación que permite nuestro ordenamiento para realizar este ajuste son muy distintas dependiendo de la naturaleza funcionarial o laboral del vínculo que une al empleado con la Administración.

Despite the fact that Local Entities should adequate their staff to the principles of rationality, economy and efficiency according to local legislation, the current economic crisis requests the reinforcement of these principles which, in most cases, seemed to be forgotten. Consequently, most of these entities should make a difficult readjustment; especially those that have an oversized staff or that have seen diminished their economic resources. In light of this situation, this article analyzes several measures that allow restraint and rationality in the field of staff expenses. There exists a set of measures oriented to make more flexible staff’s management and to obtain optimal and rational outcomes in the field of the existent workload within the organization. However, the possibilities to carry out this readjustment vary depending on the nature of the contractual relationship (civil servant-public or labor-private) between the employee and the Administration.